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Justicia

Es evidente que ni PSOE ni PP acaban de creerse la necesidad de despolitizar la Justicia, pero estaría bien que los jueces rompieran alguna vez los pronósticos

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. / Eduardo Parra / Europa Press

El pacto entre PSOE y PP a cuenta del CGPJapenas ha dado una tregua de horas al descrédito que los dos grandes partidos se empeñan en lanzar sobre la Justicia española. La decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados por malversación en el procés o la sentencia del Tribunal Constitucional que exonera de este delito a diversos condenados por los ERE de Andalucía han sido la munición utilizada en las últimas horas por PSOE y PP para ahondar más en el desprestigio de jueces y magistrados.

No hace falta ser exhaustivos en la búsqueda: "Un TC copado por exministros y cargos del Gobierno se dedica a borrar la corrupción del PSOE" (Cuca Gamarra, secretaria general del PP); "no entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el Supremo, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional" (Esther Peña, portavoz del PSOE). 

Cierto es que muchas veces son los propios jueces los que no lo ponen nada fácil -se hace muy complicado de entender para el ciudadano medio que el Supremo no aplique la amnistía a los delitos de malversación y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sí lo haga-, pero el ejercicio de contención cuando una sentencia o resolución o auto judicial no satisface debería ser obligatorio en los dos grandes partidos. 

La propia composición de muchos de estos órganos tampoco ayuda. Ha sido la denominada “mayoría progresista” del Tribunal Constitucional la que ha absuelto del delito de malversación a los exaltos cargos socialistas andaluces condenados por los ERE, o sea que es lícito que los ciudadanos se planteen si de haber habido una mayoría alternativa el resultado hubiera sido diferente.

Que los medios de comunicación utilicemos el adjetivo progresista o conservador para situar a jueces y magistrados ya es una anomalía, pero todo el mundo tiene ideología, eso no debería ser un problema si tuviéramos la sensación de que actúan con independencia. El problema radica en que muy pocas veces nos sorprenden con decisiones contrarias a las pronosticadas.

Ni PSOE ni PP acaban de creerse la necesidad de despolitizar la Justicia y lo que ha sucedido en las últimas 48 horas no deja de ser el mejor ejemplo de ello.