El Gobierno pide al Vaticano su mediación para expulsar a los monjes de Cuelgamuros

El principal obstáculo para dotar de un nuevo marco jurídico al rebautizado como Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos) y convertirlo en un lugar de memoria de carácter civil, como mandata la ley de memoria democrática, es la presencia de los monjes benedictinos. La intención reiterada por su prior pasa por permanecer en el recinto pese a iniciarse ya los trámites para su expulsión. En el Gobierno reconocen que ante su resistencia no será fácil su salida ni, muchos menos, rápida. Es por ello que se está pidiendo la mediación del Vaticano, según fuentes del Gobierno conocedoras de las conversaciones.

El interlocutor es el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, responsable de las relaciones con la Iglesia Católica. Bolaños negocia también en estos momentos con la Conferencia Episcopal el plan de indemnizaciones las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia en los casos prescritos penalmente.

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La intervención del Vaticano es el principal recurso del Ejecutivo para acelerar el desalojo y poder culminar la resignificación de Cuelgamuros. El propio prior, Santiago Cantera, anunció que solo abandonarían el recinto si era por orden de la Santa Sede. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de junio la creación de la comisión interministerial de resignificación del Valle de Cuelgamuros con el principal objetivo de “convertir ese entorno en un espacio que fomente los valores constitucionales y democráticos y en el que se promueva el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado”.

La ley de memoria democrática no establece un plazo para la materialización de estos trabajos, pero la intención del Gobierno es tenerlo listo en el ecuador de la legislatura. A finales de 2025, según fuentes del ministerio de Política Territorial. Para ello es imprescindible la salida de los monjes benedictinos y extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que se incluirá en el mismo decreto donde se establezca el nuevo marco jurídico aplicable a Cuelgamuros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya anunció hace tres semanas un impulso a los trámites para acabar con la fundación Francisco Franco, mediante la solicitud de un informe a la Secretaría de Estado correspondiente para fundamentar su "extinción". Este proceso también está siendo complejo y la última palabra la tendrán los jueces.

Fundación Francisco Franco

Antes de las elecciones generales, el Gobierno ya introdujo en un decreto la reforma de la ley de Fundaciones para ajustar el procedimiento de extinción. A través de un nuevo artículo con el epígrafe "extinción judicial a instancia del protectorado de fundaciones" se determinaron los supuestos y el papel de este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, para actuar. La fundación movió ficha modificando sus estatutos para intentar no colisionar con la ley, pero en el Gobierno entienden que hace apología del franquismo.

La prohibición de la fundación Francisco Franco fue una de las prioridades, junto a las exhumaciones de víctimas del franquismo, que se planteó el ministro Ángel Víctor Torres tras asumir la cartera de Política Territorial con competencias en memoria democrática. En el último Consejo de Ministros, se aprobó una nueva subvención de más de un millón de euros para los trabajos de exhumación en Cuelgamuros.

Desarrollos pendientes

El desarrollo de la ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, avanza a paso lento con medidas todavía sin ejecutar. El primer paquete de esta legislatura se centró en la creación de varias comisiones para estudiar diferentes medidas de reparación, así como para reconocer la represión política durante la Transición.

Otra de las medidas pendientes de desarrollo normativo tiene que ver con la catalogación y revisión de las reparaciones por bienes incautados a organizaciones políticas. La norma recoge expresamente el desarrollo de un decreto con el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación".