La Junta de Extremadura aparca la derogación de la ley de memoria histórica tras la ruptura con Vox

"La ley (en vigor) solo habla de un mapa de fosas de la represión franquista, pero existen muchos combatientes franquistas que están en la categoría de fosas trasladadas al Valle de los Caídos. Es muy poco conocido que hay familiares de los combatientes franquistas que están en el Valle que están solicitando la devolución de los restos. ¿Qué respuesta les da la ley si solo se ocupa de las víctimas de la represión franquista?". Así defendía el pasado mes de diciembre la directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, la derogación de la actual ley de memoria histórica. El objetivo del Ejecutivo autonómico era la aprobación de una nueva norma, la ‘ley de concordia’, como la bautizaron, con la que se pretendía reparar también el daño a las víctimas del bando franquista. Aunque meses después reconocía que todavía no se había redactado ni si quiera el borrador.

Ambas medidas, tanto la derogación de la ley de memoria histórica como la aprobación de la nueva, figuraban en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox. Era el punto número 9, en el que ambas formaciones se comprometían "a impulsar una nueva ley extremeña que sirva para la reconciliación y la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018", basándose en que "la sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada".

No obstante, incluirlo en el documento no fue única y exclusivamente por exigencia de Vox, sino que el Partido Popular ya contemplaba esta medida en su programa electoral, al entender también que es necesario reparar el daño a las víctimas de ambos bandos.

En cambio, la ruptura del pacto con la ultraderecha ha cambiado la hoja de ruta del gobierno que preside María Guardiola. Ahora, ni la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática ni la aprobación de la ley de concordia son una prioridad. Así lo asegura la Junta de Extremadura a este diario: «En este momento no es una prioridad para el gobierno de Extremadura y no es un tema que esté sobre la mesa». Y lo ha reafirmado la propia Guardiola en declaraciones tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico: «La ley de memoria histórica no es la prioridad de este Gobierno, no vamos a poner en marcha la ley de concordia», afirmó esta semana.

Sigue entre los planes

No significa esto que la Junta de Extremadura descarte ahora aprobar esa nueva norma con la que pretende reconocer también a las víctimas del bando del dictador, pues este asunto sigue entre sus propuestas; lo que ocurre es que, de momento, lo aparcará. De hecho, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte se asegura que seguirán "trabajando para que las víctimas vean respetados sus derechos, tal y como ha explicado en varias ocasiones la consejera en la Asamblea". Con la finalidad, aclaró esta semana la presidenta, de ampliar la ley "para que la memoria y recuerdo sea para todos".

Desde la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura advierten que estarán vigilantes: "No nos fiamos mucho dado que la sustitución de la ley por una presunta ley de concordia es algo que ya venía en su programa electoral. No nos fiamos hasta que no sea una retirada definitiva", sostiene el presidente del colectivo, José Manuel Corbacho.

La asociación defiende, como ha hecho siempre, la ley autonómica, porque asegura que cumple todos los cánones de la normativa internacional en materia de derechos humanos y porque «ampara a todo tipo de víctimas».

La norma respeta además la ley nacional en materia de memoria histórica, por eso el Estado está llevando al Tribunal Constitucional a aquellas comunidades que han decidido derogarla. El último caso ha sido el de Aragón, donde también un gobierno formado por PP y Vox eliminaron la actual norma. Ante esto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha interpuesto un recurso en el tribunal de garantías por "el incumplimiento del deber de colaboración con el Estado".

También la Comunidad Valenciana (gobernada por los populares y la ultraderecha) aprobó hace unos días una ley contraria a la memoria histórica. Y Castilla y León, donde la nueva norma salió adelante el pasado mes de abril. Contra estas dos el Gobierno de Pedro Sánchez también anunció recursos ante el Constitucional.

De todas las comunidades gobernadas por el PP gracias a los pactos alcanzados con la formación de Santiago Abascal, solo quedaba Extremadura por presentar esta nueva ley contra la memoria histórica. En cambio, de momento, no se aprobará.