CASO BEGOÑA GÓMEZ

¿Qué es el tráfico de influencias?: este es el delito del que está acusada Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a denuncias, que van desde la inicial de Manos Limpias hasta el informe remitido por la Universidad Complutense de Madrid 

Las claves de una declaración que Pedro Sánchez puede rechazar por tratarse de su esposa

Begoña Gómez está acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias.

Begoña Gómez está acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias. / EUROPA PRESS

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Lleva meses en el punto de mira. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez ha admitido denuncias y querellas de las acusaciones, que van desde la denuncia inicial de Manos Limpias, hecha con recortes de prensa, hasta el informe remitido por la Universidad Complutense de Madrid por si ha sufrido algún perjuicio en su patrimonio en el caso de que Gómez se hiciera con la titularidad del software relacionado con el Máster de Transformación Digital que impartía desde su Cátedra.

Pero, ¿qué es el tráfico de influencias? Según el Código Pena publicado en el BOE, implica la capacidad de influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento con el fin de conseguir un beneficio económico a través de una resolución. Está tipificado como uno de los delitos contra la Administración Pública. Se comete cuando alguien, ya sea particular o cargo público, se vale de su situación ventajosa de superioridad frente a otra para que emita una resolución que le genere, de forma directa o indirecta, un beneficio económico.

Dicho delito está regulado en los artículos 428 a 430 del Código Penal y tiene tres formas de comisión, en función de cómo se realice y de la naturaleza del sujeto. En este caso la referencia es el artículo 429, siendo un particular que influye en un funcionario público o autoridad. Para que exista este delito deben darse tres requisitos: una influencia ejercida sobre la autoridad o el funcionario que debe dictar una resolución, el prevalimiento, que es la situación provocada por esta influencia, y que las actuaciones tengan como fin obtener un beneficio económico, ya sea para el sujeto activo o para un tercero.