Crisis migratoria | Reforma legal ante una contingencia migratoria extraordinaria
Clavijo culpa al Gobierno de Sánchez del fracaso en la ley de extranjería
El presidente exige un decreto ley o "España y Europa se enterarán de que tienen un problema en Canarias"
Socialistas y canaristas piden cesar al vicepresidente Manuel Domínguez y al resto de consejeros del PP
![Los socialistas Nira Fierro, Sebastián Franquis y Elena Máñez atienden a la intervención del presidente Fernando Clavijo ayer en el Parlamento.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/c87c2d44-d18e-412f-bab8-22f97080f001_21-9-aspect-ratio_default_1316460.jpg)
Los socialistas Nira Fierro, Sebastián Franquis y Elena Máñez atienden a la intervención del presidente Fernando Clavijo ayer en el Parlamento. / María Pisaca
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dejado atrás el lenguaje diplomático tras el fracaso en reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para forzar el reparto reglado de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas y mostró su indignación: "el ‘plan B’ será que España y Europa se enteren de que tienen un problema en Canarias". Un problema del que culpa de forma directa al Gobierno de España y su "empecinamiento" en no negociar con el PP en su ánimo por retratar al principal partido de la oposición como una formación escorada a la ultraderecha.
Clavijo se declaró "perplejo" en la sesión plenaria del Parlamento celebrada este miércoles al evidenciar una "falta de voluntad" política que también se constata en el hecho de que el gabinete que preside Pedro Sánchez no quiere una reforma por la vía rápida del decreto ley porque, a nivel nacional "prima más el encontronazo que el encuentro y piensan que el problema es de Canarias, y está lejos".
Para el presidente, si bien el Estado y la UE "están mirando para otro lado, llegará un momento en el que no tendrán otra opción que darse de bruces contra la realidad, porque en Mauritania hay un campamento de refugiados con 300.000 personas esperando para embarcar" rumbo a Canarias aunque el destino final que buscan "es Madrid, Barcelona, París o Berlín".
Ante esta situación el presidente Clavijo reiteró que "no vamos a poder atender a los menores inmigrantes" y que, con una red de acogida colapsada la única alternativa es acomodarlos en carpas instaladas en los muelles.
No es la primera vez que el presidente Clavijo avisa con que la incapacidad del Gobierno de Sánchez en solucionar el esfuerzo solitario que hace el Archipiélago al tutelar a casi 6.000 menores se convierta en un desafío institucional entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Ya un día antes de la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife advirtió que "si no hay acuerdo, el escenario sería tan duro que habría que comunicar el colapso a las autoridades judiciales, a la Fiscalía, al Gobierno de España y a las autoridades europeas".
Esta advertencia del presidente significa que la Comunidad Autónoma se declararía incapaz de llevar a cabo la tutela efectiva de los menores, que quedarían en manos del Ministerio Fiscal, lo que implicaría no solo las consecuencias penales de la crisis migratoria, sino el internamiento en centros penales a pesar de no haber cometido delitos.
Objetivo: decreto ley
Clavijo no quiso entrar en que el PP haya puesto trabas para llegar a un acuerdo de Estado con el Gobierno y el PSOE en materia de menores inmigrantes y dejara su férrea oposición a Sánchez para otros asuntos. Ni siquiera quiso analizar que los conservadores podrían haberse abstenido, con lo que la reforma abría salido adelante. El presidente centró todas sus críticas en el gabinete estatal, en el ministro Ángel Víctor Torres y en un grupo parlamentario socialista que no quiso retirar el proyecto de reforma para evitar su derrota en el Congreso: "no hubo voluntad política de llegar a un acuerdo, no hubo una sola reunión entre el portavoz del PP y el ministro, como tampoco la hubo con la portavoz de Junts".
Por tanto, exigió "que el día 30 se apruebe un decreto ley", máxime cuando tanto el portavoz del PP, Miguel Tellado, como la de Junts, Miriam Nogueras, "se mostraron dispuestos a habilitar el mes de agosto para convalidar el decreto ley y tramitarlo como proyecto legislativo".
Clavijo, que el martes se desplazó a Madrid, desveló que fue él mismo, junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ante la inacción absoluta de Torres y del grupo socialista, elaboró un texto alternativo para intentar lograr la abstención del PP y Junts con el que buscaba que saliera adelante la reforma. Un texto que hizo llegar a todos los grupos, incluida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que estuvo esperando de forma infructuosa desde antes de las 10:00 horas hasta las 18:00 horas que desembocara en una reunión que evitara la derrota de la proposición de ley pactada por los gobiernos de España y Canarias.
Cesar a los consejeros del PP
Para el PSOE y los canaristas de NC-Bc, los conservadores comandados por Alberto Núñez Feijóo y por Manuel Domínguez son los principales responsables de que la reforma legal fracasara. De ahí que consideren que Clavijo, que se había comprometido a lograr el apoyo o la abstención de sus socios, deba proceder a firmar sus ceses como consejeros del Ejecutivo de Canarias.
"Son sus socios en el gobierno los que han dado la espalda a Canarias y al propio Gobierno de Canarias. Tenga oficio político y cese a los consejeros del PP", conminó el socialista Sebastián Franquis.
"Los que se sientan a su lado en el gobierno son los que traicionaron a esta tierra y a esos menores, no se puede colocar en el mismo plano a quienes votaron que sí y a los que votaron que no", resumió el canarista Luis Campos.
"Ha quedado clara la postura del PSOE, porque buscaban generar una crisis política y se les han visto las vergüenzas", concluyó Clavijo.
Texto alternativo elaborado por el presidente Clavijo para intentar llegar a un acuerdo
En referencia a los cuatro puntos solicitados por el PP para apoyar la tramitación de proposición de Ley los abajo firmantes acordamos:
- Convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar la distribución de los menores migrantes. La misma se celebrará en septiembre y, en todo caso, antes de que finalice el periodo de presentación de enmiendas a la proposición de ley, en el caso de que sea tomada en consideración por parte del pleno del Congreso de los Diputados.
- Financiación. A pesar de que se pudiese interpretar que el texto de la proposición de ley garantiza la financiación de la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados por parte del Gobierno de España hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, nos comprometemos a introducir una enmienda que no genere ninguna duda a las comunidades autónomas.
- Establecimiento de un cupo. Se establecerá un cupo mínimo de acogida de menores migrantes por cada Comunidad Autónoma. Un cupo que se definirá teniendo en cuenta criterios como el PIB, el territorio o la población en aras a que la integración de los niños y las niñas ofrezca las mayores garantías. Se establecerán aquellos criterios básicos para que el esfuerzo de todas las comunidades autónomas sea equitativo, teniendo en cuenta que en la actualidad hay territorios que han hecho un esfuerzo mayor, generando desequilibrios indeseables.
- Declaración de Emergencia Nacional. En cuanto a la declaración de la emergencia nacional, se ha tratado de dar satisfacción en la exposición de motivos de la proposición de ley dado que existen dudas jurídicas sobre si es de aplicación a una competencia autonómica. En todo caso, entendiendo que lo que se persigue es facilitar la creación de los recursos por parte de las comunidades autónomas, se solicitarán, en este sentido, los informes jurídicos para ofrecerles a las mismas las máximas garantías a las jurídicas.
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