Vecinos de San Fernando, ante el posible cierre de la línea 7 de Metro: "No tenía que haber abierto nunca"

"Algo hemos escuchado", dice Alfonso en un corrillo con tres vecinos más mientras pasean al perro. "Pero es que no tenía que haber abierto nunca. Sabíamos lo que iba a pasar. Y aun así, siguieron. Insistieron por los votos".

Como su vecina Lupe, presente en la conversación, Alfonso es uno de los afectados por el hundimiento de la línea 7 de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. Este miércoles por la mañana se ha enterado, como el resto de ciudadanos de la Comunidad, de la sugerencia del Gobierno regional de no reabrir el tramo de línea que va de San Fernando al Hospital del Henares y que lleva diecisiete años dando problemas.

El Gobierno de Ayuso se plantea por primera vez no reabrir la Línea 7B tras 17 años de servicio intermitente y el derribo de 73 viviendas

Además de cerrar durante meses cada cierto tiempo, las aguas que entran al túnel (que disuelven uno de los dos niveles freáticos que hay) han provocado grietas en los edificios cercanos, el derribo de 41 viviendas y de otras 32 que caerán pronto y una situación "de grave peligro para personas y bienes", según ha reconocido en un informe interno al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la propia Comunidad de Madrid.

Por primera vez desde que empezaron las complicaciones, el Gobierno regional ha dejado caer la posibilidad de cerrarla para siempre. En San Fernando esto se ve, según a quien se pregunte, como "una putada" o una decisión "fatal", pero siempre secundaria: peor es lo que han pasado los vecinos que han perdido sus casas y a los que la línea 7 ha destrozado la vida.

"Yo llevo viviendo aquí toda la vida y esto ha partido emocionalmente por la mitad a muchas personas", dice Antonio, un vecino de la zona afectada. "Abra o cierre el metro, sus casas ya no las recuperan".

"El metro nos venía de lujo. La Renfe pilla lejos y hay autobuses, pero yo con él me recorría todo Madrid", dice Oliva, trabajadora en una residencia de ancianos muy cercana. Aun así, sigue, "ya nos hemos acostumbrado a no tenerlo. Y la gente está fatal: tengo amigos a los que les van a tirar la casa, conozco a gente que sigue pagando la hipoteca... La persona que lo hizo fue chapucera".

"Se hicieron estudios y dijeron que era imposible porque se iba a hundir, pero siguieron. Madrid está lleno de metro, como un queso gruyère, y no pasa nada. Pero aquí no se daban las condiciones", insiste Lupe, que mantiene su casa con grietas.

Cada vez que tiene un problema debe acudir a la Oficina de Atención a los Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B, un local habilitado por la Comunidad de Madrid hace apenas cuatro meses en el que dos trabajadores que no desean hablar con la prensa registran cada incidencia.

La oficina está decorada con fotografías y mapas de la zona cero, una confluencia de tres manzanas de edificios con forma de quesito en la que la presencia de andamios y material de obra se mezcla con carteles protesta colgados de las ventanas. "Menos mentiras, más acciones", "Sanfer se hunde" y "Más de 600 familias afectadas" son algunos de los lemas.

Los votos

"Llevamos así mucho tiempo. Vienen, te dicen una cosa, esperas, te dicen otra. Es una pena. Pero esto hacen los políticos: cargarse a los demás y lavarse las manos, porque ellos viven como les da la gana y los tontos somos nosotros", continúa. El posible cierre de la línea no supone para ella ningún trauma. "Hay autobuses al centro del pueblo, a los pueblos de alrededor... ¿Qué necesidad? Corría prisa por los votos. Ojo con los votos".

La prolongación de la línea 7 de metro hasta San Fernando se hizo en un contexto de grandes ampliaciones (solo en 2007, noventa kilómetros y ochenta estaciones), con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad. El tramo de línea entre Coslada y San Fernando de Henares se inauguró solo veintidós días antes de las elecciones autonómicas de aquel año, lo que explica las referencias de los consultados a "los votos".

Entre quienes representan a los vecinos no ha habido mucha sorpresa con la noticia. La semana pasada, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Jorge Rodrigo, tuvo una reunión con algunos de ellos. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados Alberti-Presa, asegura que ese día, Rodrigo ya "dejó entrever" que el cierre era un opción, algo que hasta este momento el Gobierno regional se había negado a trasladar a pesar de que los informes técnicos y los expertos lo vienen diciendo desde hace años.

"Teníamos la esperanza de que no fuera así. Esto es un paso atrás para el progreso del municipio, es reconocer que nunca se hizo bien", añade, aunque reconoce que "cada día se ve que hay más deterioro" y que todos lo juzgaban como algo "inevitable".

¿Y después del cierre?

El problema ahora es qué pasa si finalmente la línea se cierra tras los siete meses que van a durar las obras de emergencia que empiezan ahora, tras el último informe que dice que la infraestructura se hunde el doble de rápido de lo previsto y que las obras de todos estos años no han servido para nada.

En línea con lo que afirman los ingenieros consultados por este periódico, los vecinos están preocupados por la inestabilidad del suelo.

"El cierre de la línea no garantiza la estabilidad futura del terreno, no sabemos si va a ser suficiente o ya se ha deteriorado tanto que no va a ser efectivo", asegura Fuentes. "Los trabajos no garantizan con una bola mágica qué va a a pasar en tres años, nuestro enemigo ha sido el tiempo, que se va a llevar por delante 73 viviendas". Aunque los vecinos, insiste, creen que "es mejor cerrar y que no continúe la ruina".

Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de afectados por la 7B, va más allá y exige que se realice "urgentemente un estudio hidrogeológico de todo el municipio" algo que no se ha hecho nunca de forma global. Defiende que es fundamental "para saber qué puede pasar" en el futuro y que las familias lo conozcan por si persisten los problemas en las viviendas a pesar del cierre de la línea, si finalmente se produce.

"Esperábamos el anuncio en cualquier momento, solo era cuestión de saber quién es la autoridad que asume en primera persona el cierre definitivo y las implicaciones para el municipio".

Su próxima reivindicación se la expondrán el próximo 18 de julio a la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert. Los representantes de los vecinos se reunirán con ella ese día para pedir algo que llevan tiempo pidiendo, que las ayudas que reciben, que ya consideran insuficientes, queden exentas de tributación y que hagan lo mismo con el impuesto de transmisión patrimonial si cambian de vivienda.