La app del Gobierno para controlar el acceso a la pornografía, a examen: "El Estado ha de demostrar que es seguro"

Este 2024 es el año en el que España parece estar tomando conciencia de los peligros de la pornografía. El debate se centra en lo relativo a las adicciones y al libre acceso que tienen los menores a este tipo de contenidos. Y es en este ámbito en el que el gobierno acaba de dar un primer paso pionero en Europa: la instalación y validación de una aplicación como requisito para acceder a las páginas pornográficas.

Se llama 'Cartera Digital Beta' y se trata de un sistema de verificación de la edad para limitar el acceso de menores a contenidos inapropiados. La primera versión estaría lista después de verano, presumiblemente durante el mes de septiembre, y sería obligatoria para las páginas web con sede en España. Es un certificado digital que da fe de que la persona que va a entrar en estas páginas web es mayor de edad. Su validez es de 30 días y renovable cada mes, o incluso una vez que la persona interesada haya agotado sus accesos, dado que estos también están limitados a 30 (uno al día).

Las primeras reacciones no se han hecho esperar: desde las bromas (en redes sociales se le llama 'pajapp' o 'pajaporte') a las quejas por el hecho de que una medida de este tipo puede llegar a vulnerar la intimidad de las personas. Es la principal crítica que está recibiendo la iniciativa: que le da al gobierno una serie de datos sensibles del ciudadano.

Al mismo ritmo surgen las dudas: ¿Es un sistema realmente seguro?, ¿va a controlar el Gobierno las páginas a las que accedo?, ¿aporta realmente una solución al acceso de menores a este tipo de contenidos prohibidos?. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habla con profesionales de sectores relacionados con esta cuestión, para conocer su opinión.

Dudas legales

Leandro Núñez, abogado del despacho Audens y especialista en nuevas tecnologías y privacidad, reflexiona sobre el sistema: "A priori no suena mal, porque viene a ser una tecnología que sustituya a certificaciones digitales, Clave Pin y demás. Esta iniciativa es una cartera que, cada vez que te soliciten la verificación de tu mayoría de edad, va a darle a esa web una respuesta afirmativa.. Nada más, no debería tener trazabilidad ni aportar más información que esa".

No obstante, a efectos prácticos, "veremos, porque este tipo de información es considerada sensible". Y como a menudo nos desayunamos con la noticia de un nuevo robo masivo de datos (al Santander o a la DGT, por citar los más recientes), es normal que el ciudadano de a pie tenga miedo a introducir sus datos para acceder a este tipo de páginas. Al respecto, el letrado cree que "en un principio debería ser algo muy seguro, pero es el Estado el que tiene que demostrar eso, que es seguro".

¿Me van a robar los 'hackers' los datos y van a enterarse de si entro a páginas porno y extorsionarme con eso?: "Hoy por hoy no es algo que se pudiera 'hackear'. Tal vez en el futuro, con ordenadores cuánticos. Pero es normal que suscite dudas, y es el propio gobierno el que ha de demostrar eso: que se trata de un sistema seguro y que sirve solamente para verificar la edad en una web, no para trazar nuestros movimientos online".

Más allá de este punto, Núñez cree que otro de los problemas al que se enfrenta la iniciativa "es convencer al resto de países de usarlo. Es algo que se lleva debatiendo mucho tiempo. En abril se publicó en el Diario Oficial de la UE el eIDAS2. El eIDAS es un sistema de identificación electrónica en Europa que entró en vigor en 2014. Ahora debe ser sustituido por el eIDAS2. "El reto es que se use. Que no pase como con el DNI electrónico. Si se trata de algo que vayamos a llevar encima, en nuestro propio teléfono, que sirva sólo para validar la edad y no haya trazabilidad, el sistema es bueno. También habrá que ver si idean sistemas para sortear estas trabas, como se hace actualmente con la VPN", concluye.

En la misma dirección van las dudas del abogado Fran Peláez, fundador del despacho Penaltech, especialista en delitos tecnológicos; en el de la seguridad aplicación: "Hay que tener en cuenta la protección del derecho a la intimidad. Aunque el sistema asegura que no se almacenarán datos personales, siempre existe el riesgo de que estas promesas no se cumplan plenamente. Es crucial que las medidas de ciberseguridad sean robustas para evitar cualquier tipo de vulneración o uso indebido de la información".

¿Sirve de algo?

Más allá de las cuestiones legales, la otra gran pregunta es si esto va a servir para algo. Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico, experto en adicción a la pornografía y acceso de menores a este tipo de contenidos. Alejandro celebra "que este tema se ponga sobre la mesa", y le ve elementos positivos y negativos: "¿Lo positivo? Presenta una posibilidad real que hasta ahora no existía y novedosa a nivel internacional. ¿La duda? Que sea insuficiente o traiga más problemas".

"Ofrecer un control del acceso sí es algo bueno. La ciencia demuestra que la accesibilidad, la disponibilidad, la facilidad y la inmediata recompensa son factores de riesgo para el consumo en menores y para la adicción. Ponerle cierto control y regulación será deseable en este sentido", explica, aunque "habrá que asegurarse de quién controla las listas negras y blancas y que de verdad sea transparente. Que el intermediario codifique de forma adecuada la privacidad de los adultos y que de verdad la industria sea incapaz de acceder a los datos de los menores", además de las dudas que le suscita "la paternalización desde el estado".

Respecto al sistema en sí, Villena advierte de que "el hecho de dar permiso durante 30 días parece proteger al usuario de las redes de la captación de datos de la industria. La intención parece buena respecto a protección de datos, sin embargo, me da la sensación de que puede mandar un mensaje un poco confuso a la sociedad. Una especie de "te doy permiso para consumir durante 30 días. Si lo controlas no pasa nada, un poco de porno no es malo”. El típico “yo controlo” de las adicciones. Legitimar el “consumo controlado” genera un mensaje ciertamente cínico cuando damos permiso para consumir pornografía violenta, machista y humillante. ¿Permitimos la violencia sexual durante 30 días entonces?", se pregunta.

Villena cree que este sistema, por sí solo, no es suficiente, y exhorta a la Administración a complementarlo: "Proponer un modelo de regulación que sanciona a la industria y exige la verificación de edad es algo novedoso y bueno. Ayuda por fin a romper con la impunidad que ha tenido esta industria históricamente, a diferencia de otras. Le exige responsabilidades que debería haber tenido hace mucho tiempo". ¿Tendrá éxito esta medida? Alejandro lo desconoce, pero apunta que en otros lugares ya se está luchando con otras herramientas pero en la misma dirección. "Reino Unido, Francia y otros países de la UE están desarrollando otros sistemas complementarios y alternativos. Veremos qué pasa".

Por los menores

Desde Dale una vuelta, la asociación que lucha y previene la adicción a la pornografía, también valoran de forma positiva la iniciativa, aunque entiende la polémica: "Cualquier ley es siempre objeto de debate. Si va unida a un control de acceso, a una verificación de edad, el debate aumenta. Y si además hablamos de un tema tan complejo como la pornografía, el debate explota", apunta Jorge Gutiérrez, su director.

"La aplicación que quiere lanzar el Gobierno busca proteger a los menores, para que no puedan acceder como hasta ahora a todo tipo de contenidos pornográficos, muchos de ellos violentos, extremos y sexistas. ¿Alguien está en contra de este objetivo, cuando los estudios, uno tras otro desde al menos 2019, nos muestran el alto porcentaje de niños que han visto ya pornografía entre los 10 y 14 años?", resume.

"Es evidente que ni esta medida, ni ninguna ley futura, será la única ni la mejor manera de proteger a nuestros menores. La familia, la escuela y la sociedad en su conjunto son los primeros responsables. ¿Pero no estamos en una situación en la que es preciso poner unas vallas, aunque sean pocas y algo defectuosas, en el infinito campo de internet?", prosigue, concluyendo que "mientras nos peleamos, la industria se frota las manos porque decenas de miles de visitas, y decenas de miles de euros, engrosan sus analíticas y sus cuentas bancarias día tras día, con contenidos en ocasiones de dudosa procedencia y legalidad".