Nacho Cano, imputado: una jueza le investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de Madrid acaba de abrir diligencias de investigación al artista Nacho Cano, por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores en la contratación.

En un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la magistrada María Inmaculada Iglesias abre investigación contra el productor madrileño, así como contra otras tres mujeres de su equipo, por lo que sería la contratación de 19 trabajadores mexicanos, que habrían llegado a trabajar a su espectáculo musical Malinche en condiciones irregulares.

Nacho Cano fue detenido el pasado 9 de julio, tras la denuncia ante la Policía Nacional de una de esas trabajadoras, que aseguraba que se encontraba en España en una situación laboral irregular, al igual que sus 18 compañeros. Estos, en cambio, no se sumaron a la iniciativa y acabaron por denunciar a los propios agentes policiales que participaron en la rededa, acusándolos de haberles mentido en varios puntos durante la detención masiva.

Junto a Cano, han sido imputadas Roxana D. De S, Cristina Karmiñe D. de S y Susana J.F., todas ellas colaboradoras del productor en el musical Malinche. Ellas habrían sido, según consta en el auto, las personas que habrían dado las instrucciones a los artistas mexicanos de no revelar ante las autoridades españolas que venían de turismo y no a trabajar.

300 euros

Esta información, según explica el juez, les habría sido dada por una de las imputadas en un grupo de Whatsapp creado expresamente para las 19 personas residentes en México que se desplazaron hasta Madrid para trabajar en el espectáculo musical. Un desempeño por el que solamente iban a cobrar 300 euros mensuales por un horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con 1 hora y media de descaanso. Del mismo modo, los artistas debían trabajar en exclusiva para Cano y en la discoteca Templo Canalla, donde podrían sacarse unos ingresos extras.

"Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar", habría sido uno de los mensajes de Whatsapp que habrían recibido estos chicos, que llegaban a España supuestamente becados. Es una de las instrucciones que habrían recibido estos jóvenes, para eludir la acción de las autoridades migratorias españolas. Por ello, tenían terminantemente prohibido llevar ningún tipo de material corporativo sobre el espectáculo Malinche a su llegada a España. Todos ellos residían, según el auto, en el Hostal Cats de Madrid.

Esta es la versión que dio una de las mexicanas que formaba parte del contingente de trabajadores que llegaron a Madrid. Fue ella la que, tras varias discusiones con el productor y el resto del equipo, decidió abandonar el proyecto y denunciar las condiciones laborales en las que se veía obligada a trabajar.

Protesta

Tras la denuncia llegaron las detenciones y una rueda de prensa en Ifema en la que Nacho Cano aseguraba, entre otras cosas, estar siendo objeto de una persecución por motivos políticos, dado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Una versión respaldada por la propia presidenta de Madrid, que declaró públicamente que Cano estaba siendo víctima de un proceso de destrucción con fines políticos.

Del mismo modo, el resto de componentes mexicanos que participaban en el espectáculo no se sumaron a la denuncia de su compañera. Al contrario: las 18 personas restantes denunciaron a los agentes de la Policía Nacional que participaron en la operación de detención, al considerar que les habían manipulado y les mantuvieron durante horas en comisaría en unas condiciones deplorables.

En el auto, sin embargo, se señala que los bailarines solicitaron en enero una autorización de estancia por estudios en España, pero que les fue denegada. Ese habría sido el motivo por el que habrían acabado entrando en España como turistas. Y que, una vez ya trabajando en el musical, percibirían un total de 4.700 euros por su trabajo repartidos de la siguiente manera: 500 euros durante ocho meses, 400 euros durante un mes y 300 durante otro mes.

Esas cantidades, según el juzgado, "no alcanzaría a justificar los medios económicos exigibles para este tipo de trámites", así como al tener trabajando a estas personas en España sin el permiso laboral correspondiente se estaría incurriendo en un delito contra los derechos de los trabajadores en la contratación.