PRISIONES

La sanidad penitenciaria se hunde: la mitad de las plazas de médicos sigue sin cubrir

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias admite problemas para cubrir plazas de facultativos: hay 488 y están ocupadas 247.

Con datos aportados por CESM, de 500 plazas de facultativos, sólo están cubiertas 190 y el 69% de los profesionales tiene más de 55 años, el 54% más de 60 y los hay con cerca de 70.

La falta de médicos ha llevado a los centros penitenciarios a firmar "contratos puntuales" con grupos sanitarios privados para suplir esas carencias.

Prisión de Logroño

Prisión de Logroño / EFE

Nieves Salinas

Nieves Salinas

La sanidad penitenciaria se hunde. Cada día un poco más. La situación no ha mejorado por más protestas, reivindicaciones y llamadas de auxilio de sus sanitarios. Con datos de Instituciones Penitenciarias facilitados a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hay 488 plazas de médicos y están cubiertas 247. Los sindicatos, a su vez, hablan de 500 plazas disponibles y un 60% que están sin ocupar. Es decir, 300. Lo que, denuncian una vez más, arroja un panorama desolador: hay menos de 200 médicos para la asistencia sanitaria de los 48.000 reclusos de las prisiones españolas.

Son datos aportados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que, hace ahora un año, desvelaba a como la falta de médicos ha obligado a contratar a facultativos privados. Instituciones Penitenciarias admite esos contratos puntuales. Indican a este diario que la situación se arrastra desde hace ya tiempo. Y que, efectivamente, existen problemas para cubrir esas plazas.

El Ministerio del Interior ha convocado procesos de selección para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad Penitenciaria, de las cuales 80 serán para médicos.

El pasado julio, el Ministerio del Interior convocaba nuevos procesos de selección para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad Penitenciaria. En conjunto se ofertaban 139 plazas, de las cuales 80 serán para médicos y el resto, para enfermeras. La mitad de las plazas de médicos ofertadas están vinculadas a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021, las otras 40 a la de 2022. La mayor parte de los puestos (70) son para especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna y 10, para psiquiatras. Con el problema, añadido, indican desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (II.PP.), de que las plazas se ofertan pero no siempre se cubren.

Transferencia a las comunidades

En estos momentos, la prioridad para la Secretaría General sigue siendo la transferencia de las competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas. La demora de casi veinte años en ese traspaso a los sistemas de salud autonómicos, argumentan, está detrás de tanta precariedad. Más allá del País Vaco y Cataluña, Navarra ha sido la última comunidad en asumir las competencias, en 2021. Con el resto de comunidades "hay conversaciones abiertas". Indican que "lo ideal sería ir a la transferencia para que los que están dentro de los centros penitenciarios tengan la misma asistencia sanitaria (hoy cubierta, precisan) que los que están fuera".

De forma determinada y cuando se considera necesario, admiten desde Prisiones, a veces es preciso tirar de la sanidad privada ante la carencia de profesionales, tal y como este diario desveló hace un año. Son contratos "puntuales" para satisfacer algunas necesidades en caso de vacantes, añaden. Pero depende de cada centro penitenciario. Esos contratos no están centralizados, abundan. Desde la Secretaría General insisten que siguen intentando que "el número de plazas no decaigan".

Desde el año pasado existe un proyecto piloto de guardias telemáticas (por videoconferencia) en varios centros penitenciarios.

Además, explican que se están haciendo convenios con comunidades autónomas para intercambio de la historia clínica. Y, desde el año pasado, existe un proyecto piloto de guardias telemáticas (por videoconferencia). Si se trata de una atención urgente, el interno se desplaza al hospital. Hay siete centros penitenciarios que están recibiendo esas guardias telemáticas y doce médicos que están participando en el proyecto que durará hasta finales de año, cuando se decidirá si sigue implementándose. Además, se han puesto en marcha consultas de telemedicina para las especialidades con hospitales de referencia.

Sanidad bajo mínimos

Precisamente, en agosto, el Defensor del Pueblo admitía a trámite la denuncia realizada por el sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, relativa a la ausencia de asistencia sanitaria a la población reclusa en los centros penitenciarios. En la denuncia se ponía de manifiesto las deficiencias y problemas médico-legales que puede ocasionar el proyecto de "guardias telemáticas de apoyo con profesionales de Instituciones penitenciarias" que se está desarrollando en los centros penitenciarios.

Según ACAIP-UGT, la asistencia sanitaria en el medio penitenciario tiene una primera vertiente, el seguimiento de las patologías que presenta la población reclusa -como enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales-, además de otras, no extrapolables al resto de la sociedad. Además, consideran que no hay seguridad sin la presencia de facultativos en los centros que, también, asumen responsabilidades en otras conductas patológicas (tabaquismo, adiciones, etc.). "Numerosas actuaciones requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos", señalaba este sindicato ante el Defensor del Pueblo.

Un déficit histórico

El problema de fondo es que la fuga de sanitarios es constante, cuenta a este diario, con cada vez mayor desesperanza, Pedro Antonio Martínez Sánchez, responsable de la sección de Prisiones de CESM. Martínez, médico la cárcel de Ocaña II (Toledo), retrata un panorama calamitoso. Ganan menos que sus compañeros y cada vez son más mayores. Una situación que no ha hecho más que agravarse con el paso de los años.

"Unos se jubilan y otros se van", resume el médico de prisiones Pedro Antonio Martínez Sánchez sobre la situación que viven.

Pedro Antonio Martínez Sánchez resume la situación en apenas dos palabras: "Unos se jubilan y otros se van". Cada vez son menos. Porque, explica, no quieren trabajar en prisiones por las condiciones que les ofertan. Sus datos son que, de sus compañeros, el 69% tiene más de 55 años, el 54% más de 60 y los hay con algunos con 68 y 69. El doctor Martínez Sánchez se muestra pesimista. De hecho, CESM ha recurrido las dos últimas ofertas públicas de empleo de interinos del cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria porque no pedían título de médico de familia, explica Martínez. Durante años ha batallado para que esta situación cambie. Él mismo se irá pronto, admite, por edad de jubilación explica con derrotismo.

La prisión de Villena, en Alicante.

Prisión de Villena, en Alicante. / EPE

Con sus últimos recuentos, del pasado mes de julio, le salía que de las 500 plazas de facultativos, sólo estaban cubiertas 190, incluidas las de los subdirectores médicos, que no pasan consulta. La última OPE que prepara Interior, tampoco le consuela. "Si seguimos por este sistema vamos mal, porque nunca se van a cubrir", señala. La idea de la situación, indica, la da que, para las 80 plazas ofertadas por Interior, hay ocho instancias admitidas. "Luego veremos si se presentan, si se examinan, si deciden continuar...", concluye.

Patologías psiquiátricas

Con el reciente horizonte del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado este lunes, el otro sindicato ACAIP/UGT, ha sacado a la luz datos de 2020, último año del que se tienen registros. Instituciones Penitenciarias reconoce, indica la organización sindical, que 7.432 internos causaron alta en las enfermerías de los centros penitenciarios por patologías psiquiátricas, el 41,6% del total. La enfermedad mental en prisión es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la institución, recuerdan.

La tasa de suicidio en prisión en 8 veces más alta que la de la población en general, advierten los sindicatos.

Con un déficit de médicos que esta organización, en un porcentaje idéntico al de CESM, cifra en el 61%, "es imposible dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso la prevención de brotes que deriven problemas regimentales y agresiones a otros reclusos o trabajadores". El 30% de la población reclusa refiere que está actualmente en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado de alguna forma quitarse la vida. La tasa de suicidio en prisión en 8 veces más alta que la de la población en general, advierten.

El sistema penitenciario cuenta únicamente con dos hospitales psiquiátricos -Sevilla y Foncalent (Alicante)- dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad impuestas judicialmente. En consecuencia, añaden desde el sindicato, no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica estrictamente hablando, por lo que esta se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios, que no disponen de medios, en un entorno en el que el 5% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos.