Ayuso se alinea con la patronal y arremete contra la ley para blindar la sanidad pública: "Carece del mínimo rigor normativo"

La Comunidad de Madrid se ha puesto al frente de la ofensiva contra el blindaje de la sanidad pública y la limitación de la colaboración privada en la sanidad impulsado por el Ministerio de Mónica García a través del proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) "por invasión de competencias, redundancia en sus planteamientos, falta de rigor y ausencia de memoria económica, además de establecer un marco de inseguridad jurídica". La misma queja que plantean desde la patronal de hospitales privados, que esta misma semana llegaba a un acuerdo con sus trabajadores para desconvocar la huelga prevista desde el 4 de junio por sus condiciones laborales. La asociación autonómica critica que la ley persigue la "total reversión" del modelo sanitario privado, un sector económico de gran "magnitud en la región".

El lunes 13 de mayo, Sanidad sacaba a consulta pública el anteproyecto de ley. El plazo para el envío de aportaciones por parte de ciudadanos, organizaciones y asociaciones concluyó el 28 de mayo de 2024. El informe de la Comunidad de Madrid entiende que el texto "podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las comunidades en materia de coordinación y bases generales de la sanidad, y podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico". 

"Mínimo rigor normativo"

Isabel Díaz Ayuso ya se ha mostrado públicamente crítica con la norma, alegando incluso en sede parlamentaria que la ministra Mónica García y su formación, Más Madrid, solo quieren "reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política" con proyectos como este, pero sobre todo defiende el modelo de colaboración público-privada que en Madrid lleva años en marcha. En el texto que la Consejería de Sanidad ha enviado al ministerio, incide en que el texto, que trata de regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, cae "en la redundancia, ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años". 

"Carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna", sostiene la Comunidad en su informe

La propuesta del Ministerio, considera la Comunidad, "no aporta soluciones realistas, ni concretas. Está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente".

Revertir el modelo

La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) también ha mostrado su rotundo rechazo a este texto. Considera que el actual proyecto "hace imposible los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión".

El documento consta de 22 páginas donde la ACHPM plantea importantes objeciones a las diversas cuestiones incluidas en el anteproyecto de ley. Las alegaciones se refieren, en particular, a la seguridad jurídica y la legítima competencia de las comunidades para gestionar la sanidad, en la misma línea que lo expuesto por la Comunidad. Entre las alegaciones, la patronal insiste en cómo puede afectar una ley como la planteada a los pacientes y la inseguridad que puede crear.

La sanidad madrileña

El informe de patronal señala que la Comunidad de Madrid cuenta con seis hospitales en el 'ranking' de los diez mejores en España. En cuanto a las listas de espera, defiende que aunque han sufrido "un empeoramiento generalizado, Madrid se mantiene como la región con menor tiempo medio de espera y con menos pacientes que tienen que aguardar más de seis meses para ser intervenidos".

En esta región, desglosan, la privada asume el 31 % de los ingresos y de las altas realizadas, el 27 % de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en Madrid. "Sin colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos", alertan. Plantear un anteproyecto de ley como el que ha presentado Sanidad supone "un ataque a un sector económico" que "pondría en riesgo muchos puestos de trabajo y, por tanto, afectaría a muchas familias", considera Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM.

Limitar los conciertos

Otra de las cuestiones planteadas es que en España, el gasto sanitario total supone el 10,4% del PIB, y el correspondiente a la sanidad privada es el 3,1% del PIB. El 55,6% de los hospitales y el 32% de las camas en España son de titularidad privada. En este contexto, insiste en el documento de alegaciones, en "la imposibilidad de llevar a cabo una ley de estas características sin que ello repercuta en la salud de los españoles".

"Si esta ley saliera adelante y limitara los conciertos, las listas de espera se verían incrementadas, así como la salud de los ciudadanos", sostiene la patronal en la misma línea en la que diferentes entidades del sector han ido declarando en los últimos días.