La sanidad privada defiende el control y la transparencia de los contratos de los hospitales públicos que gestiona

Choque frontal entre el Ministerio de Sanidad y la patronal de la sanidad privada que, en los últimos días, ha intensificado su ofensiva contra el blindaje de la sanidad pública impulsado por el departamento que dirige Mónica García a través del proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si el jueves era la Comunidad de Madrid la que daba a conocer sus alegaciones al texto, este viernes lo hace la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que representa a más del 80% de los centros hospitalarios. Defiende el control y la transparencia de los contratos de los hospitales públicos de gestión privada.

El lunes 13 de mayo, Sanidad sacaba a consulta pública el anteproyecto de ley. Una iniciativa que dará un portazo a la Ley 15/1997 "y al lucro de las empresas privadas con la sanidad pública", señalaba ese día la titular de Sanidad. El anteproyecto de ley pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados.

El plazo para el envío de aportaciones por parte de ciudadanos, organizaciones y asociaciones a ese texto concluyó el 28 de mayo. Todas las agrupaciones territoriales de la sanidad privada en España han suscrito el documento de alegaciones presentado por ASPE a la consulta pública del proyecto de ley, señala esta entidad.

Alineada con Madrid

La patronal lanza una primera consideración en la misma línea que sostiene la Comunidad de Madrid: "A tenor del texto preliminar, podría existir invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales, ya que la absoluta prioridad de la gestión directa a la que se llama en el anteproyecto de ley supone, en realidad, una intromisión en dichas competencias autonómicas".

Y, advierte ASPE, "son los gestores autonómicos quienes deben valorar y optar por aquella (gestión) que mejor se adecúe a sus necesidades y principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera".

Colaboración mixta

Pero, además, en las alegaciones presentadas, ASPE también aborda una serie de "supuestos problemas" que menciona el proyecto de ley y "que sirven para justificar la nueva normativa". La patronal rebate la afirmación contenida en el proyecto acerca de que la gestión indirecta sobre nuevas formas de gestión del SNS, "da entrada a lógicas de funcionamiento relacionadas con los beneficios empresariales".

Por otro lado, niega que la gestión indirecta suponga "una pérdida de control" en la gestión del servicio público, ya que "todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control" por parte de las administraciones. Y entra en otra cuestión: "no supone en modo alguno falta de transparencia en la liquidación de los pagos a las empresas prestatarias por parte de las administraciones, porque estos están lógicamente regulados en los contratos y convenios y sometidos a todos los controles de legalidad y presupuestarios pertinentes".

Listas de espera

Reivindica también en sus alegaciones "el papel fundamental que desempeña el sector privado" como garante de la sostenibilidad del SNS. Destaca, finalmente, el "grave error" que supondría la limitación de los conciertos sanitarios o de modelos concesionales y, como viene señalando desde hace tiempo, en "un momento, además, especialmente crítico debido a unas listas de espera en cifras récord semestre tras semestre".

Este jueves la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) daba a conocer algunas de las conclusiones del 'Estudio de percepción de la sanidad privada', un trabajo realizado por SIGMA DOS, en el que se realiza un análisis sobre la contratación de seguros de salud privados, la utilización de la asistencia sanitaria y la valoración y satisfacción de los usuarios.

Una encuesta de la Fundación IDIS revela que un 86,2% de los casos realiza un uso compartido de la sanidad pública y privada

Desarrollada entre el 14 de marzo y 4 de abril de 2024 y con representatividad nacional, ha incluido a 1.603 personas de más de 18 años con cobertura privada. Entre los resultados que un 86,2% de los casos realiza un uso compartido de la sanidad pública y privada o que del total de encuestados, el 78,8% dispone de un seguro de salud; un 19,1% cuenta con una mutualidad y el 2,1%, con la modalidad de reembolso de gastos. Además, el informe señala que el 46,2% supera los cinco años de aseguramiento y el 26,3%, entre 1 y 3 años.