Histórica reparación: el Gobierno aprobará ayudas para 130 víctimas de la talidomida

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un medicamento comercializado a partir de los años 50 y destinado a mujeres embarazadas, con el fin de evitar náuseas y vómitos durante la gestación. Sin embargo, a partir de 1961, se tuvo constancia de que provocaba graves malformaciones.

Según Derechos Sociales, el ministerio proponente, "el decreto busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, dado que el franquismo silenció el asunto, optó por no actuar frente a las farmacéuticas y negó que el medicamento se hubiera utilizado en España, a pesar de que posteriormente se ha reconocido su comercialización y prescripción al menos entre 1959 y 1965". Según los afectados, se estuvo vendiendo hasta 1978.

Durante la etapa democrática, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, gracias a una disposición que se incluyó en los Presupuestos Generales de 2009. Sin embargo, este intento de reparar a las víctimas encontró serios problemas para determinar la relación de afectados.

Por ello, para decidir ahora las ayudas que se aprobarán, se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, según explica el Ministerio de Derechos Sociales, "genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, han diseñado un panel de genes único en el mundo". En total, tras la evaluación de los resultados por parte del Instituto Carlos III, recibirán las ayudas 130 personas.

El reparto

El importe variará en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018).

La reparación económica podrá solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, que depende a su vez del Ministerio de Derechos Sociales.

Satisfacción agridulce

Sin embargo, la histórica decisión no satisface completamente a las víctimas. Según fuentes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE), la principal agrupación de afectados, el borrador inicial del real decreto contemplaba tratar las indemnizaciones "como un premio de lotería", lo que supondrá que tendrán que devolver "casi la mitad de la ayuda en impuestos". "Otros indemnizados por el VIH, VHC, víctimas del terrorismo, de accidentes de tráfico, etc. están exentos de tributar fiscalmente. Nosotros no", señalan.

AVITE no conoce el texto definitivo que aprobará este martes el Gobierno pero que no se paguen impuestos por las ayudas eran una de sus alegaciones, así como que el Ejecutivo pida perdón por las décadas de retraso y abandono. Mañana saldrán de dudas sobre si el texto definitivo contempla sus reivindicaciones o no.