El futuro de la amnistía

El Congreso ha aprobado la ley de amnistía en la votación final que le correspondía celebrar de acuerdo con la Constitución. Concluye así el trámite parlamentario de la proposición de ley presentada en su día por el grupo socialista. Una vez tenga la sanción del Rey y sea publicada en el BOE, entrará en vigor. Quizá con un exceso de benevolencia, cabe decir que la producción de esta ley ha seguido un curso inusual y muy accidentado. La amnistía ha suscitado una discusión pública en la que han participado intensamente líderes, partidos, instituciones, medios de comunicación, constitucionalistas, jueces, fiscales y, de una u otra manera, la opinión pública. En suma, toda la sociedad española se ha pronunciado al respecto con argumentos jurídicos y políticos a favor y en contra.

La polémica sobre la constitucionalidad y la oportunidad política de la medida ha acompañado a la iniciativa del Gobierno desde el principio. El periplo ha sido un ir y venir constante de informes, dictámenes, artículos académicos y de opinión. Ningún detalle del procedimiento legislativo, del contenido de la ley ni de sus implicaciones políticas ha quedado al margen de la controversia, azuzada convenientemente por los nacionalistas catalanes con gestos desafiantes. Pedro Sánchez, tras descartarla de forma categórica, ha defendido la amnistía en el interior de su partido y en mítines, pero se ha ocultado en el debate parlamentario. Hasta la publicación de la ley está siendo motivo de sospecha para los socios del Gobierno.

La ley nace con el apoyo de la izquierda y los nacionalistas, y con un amplio rechazo. Se han opuesto a ella los partidos de la derecha, el Senado, expertos jurídicos y, según las numerosas encuestas hechas durante su tramitación, más de la mitad de los españoles, entre los cuales el respaldo mayoritario de los catalanes es una excepción. Algunas Comunidades Autónomas ya han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. En esta actitud contraria se mezclan razones diversas, desde una sincera falta de justificación política y jurídica de la amnistía hasta el cálculo electoral o considerar que la aprobación de la ley es un buen pretexto para acosar al Gobierno y repeler el empuje de los nacionalismos periféricos.

Pedro Sánchez, obligado por las circunstancias, ha seguido adelante hasta el final con su decisión, haciendo oídos sordos a las alegaciones de todos aquellos que la cuestionaron. Aprobada la ley, con plena legitimidad, es el momento de aplicarla y de resolver las dudas que haya sobre su encaje en la Constitución y en el derecho europeo. Los órganos judiciales de la Unión y de España, y nuestro Tribunal Constitucional, tienen ahora la palabra y habrán de encargarse de ambas tareas. Convendría, pues, que los políticos guardaran silencio o bajaran el tono y se ciñeran a dirimir sus diferencias políticas. Sería una señal del respeto que deben al poder judicial, a la función del máximo intérprete de la Constitución y, en fin, a las reglas de nuestra democracia. Las primeras manifestaciones de los portavoces nacionalistas indican que no será así. No han tardado en celebrar la votación del Congreso como una derrota del régimen del 78 y en advertir que ejercerán toda la presión posible para que la ley se aplique a satisfacción suya.

Portavoces de Junts y ERC se han apresurado a proclamar que con la aprobación de la amnistía por el Congreso no acaba nada. Y están en lo cierto. Primero, la aplicación de la ley se encontrará con obstáculos, y después, ellos mismos continuarán atizando el conflicto político. Pedro Sánchez salda con esta ley la cuenta de la investidura, pero la legislatura tiene otro precio y los nacionalistas ya han puesto sobre la mesa la financiación y el referéndum. No es una engañifa. Saben bien hacia dónde van y, lejos de mostrar disposición al reencuentro, juegan fuerte porque perciben que la ocasión es propicia para conquistar nuevos objetivos.

La amnistía aún tiene pendiente el examen electoral. En las recientes elecciones celebradas en Cataluña solo han votado los catalanes y no parece que la amnistía tuviera una influencia decisiva en su voto. El próximo domingo estamos llamados a unas elecciones europeas y tampoco debería tomarse el resultado como un veredicto de los españoles sobre la ley. En medio de la campaña electoral, Feijóo ha pedido la convocatoria de elecciones generales. Sostiene que Pedro Sánchez engañó a los electores y que la cuestión debe aclararse en las urnas. En efecto, Sánchez hizo lo que había dicho que nunca haría, y merece por ello un reproche e incluso un castigo. Pero la amnistía tiene la aprobación de una mayoría parlamentaria y, si lo que quiere el PP es conocer la posición de los españoles sobre tan complejo asunto y no provocar la caída del Gobierno, debería proponer un referéndum. El problema es que practicamos poco esta modalidad y el país no está para votaciones que polaricen más.