Joaquín Urías (jurista): "Tras el 'procés', los jueces españoles se han convertido en actores políticos"

El último ensayo de Joaquín Urías (Sevilla, 1968) tiene el don de la oportunidad. Con el estamento judicial puesto en tela de juicio últimamente por las actuaciones de algunos jueces, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y antiguo letrado del Tribunal Constitucional se ha atrevido a sentar a La justicia en el banquillo (Arpa). Y su sentencia no deja en muy buen lugar a los togados.

¿La politización se está cargando a la justicia en España?

No, hay un problema mucho mayor que está en la base de eso que señala, y es la falta de imparcialidad que padecen muchos jueces españoles. Durante años, en este país se les ha permitido imponer en sus sentencias la concepción que tienen sobre asuntos morales, sociales, religiosos o relacionados con las costumbres. Esto no es nuevo, todos los abogados lo saben. Saben que si tienen un pleito sobre ofensas religiosas y les toca un juez que presume de católico, les va a crujir en la sentencia, porque lo ha hecho infinidad de veces. O si defienden una demanda relacionada con los toros y les toca un juez taurino, les va a pasar lo mismo.

¿Los jueces no tienen derecho a ser católicos, taurinos o seguir las costumbres que quieran?

Por supuesto, como si quieren ser fieles de la iglesia satánica. Pero sus creencias no pueden notarse en sus sentencias, y en muchos casos no solo se nota, sino que presumen de ellas y se permiten imponerlas a toda la sociedad. Esto ya ocurría hace años. La novedad es que últimamente hacen mayor ostentación de esta falta de imparcialidad y ahora, además, la aplican a la política.

¿Ahora? ¿Desde cuándo?

Después del procés, los jueces españoles se han convertido en actores políticos. Cuando estalló este problema, los políticos decidieron pasárselo a los jueces, en vez de resolverlo ellos, y estos han respondido haciendo política, aunque esa no es la misión que les encomienda la Constitución. Así, tenemos casos como el de García Castellón, que de la noche a la mañana se saca de la manga una imputación por terrorismo contra Puigdemont cuando todos sabemos lo que significa esa palabra y tenemos claro que los hechos de octubre de 2019 fueron terribles, pero no terrorismo. El juez también lo sabe, igual que sabía que con esa resolución podía influir en la tramitación política de la ley de amnistía. Esto, que hace años nos habría escandalizado, hoy se ha convertido en normal.

Tampoco habíamos visto antes a jueces manifestándose con togas delante de los juzgados, pero últimamente sí. ¿Qué le pareció esa imagen?

Que hace un daño incalculable a la democracia, y a ellos mismos, y deberían ser conscientes de ello. Los jueces están para interpretar y aplicar la ley, no para influir en su redacción. La imagen más gráfica para definir la labor de un juez es la del árbitro de fútbol, al que todos pedimos que aplique el reglamento y nada más. ¿Imagina la que se liaría si el árbitro que pita el próximo Clásico llegara al campo con una bufanda del Barça o se pasara la semana previa presumiendo de su odio al Real Madrid? Pues aquí nos hemos acostumbrado a ver a jueces llamando sinvergüenza al presidente del Gobierno sin que pase nada, y a togados llamando bazofia a las feministas en sus redes sociales en vísperas de juzgar casos por violencia machista.

Se dice de la judicatura española que tiene un sesgo marcadamente conservador. ¿Qué opina de esa afirmación?

Los jueces tienen todo el derecho a ser de derechas o de la ideología que quieran, pero no debe notársele en sus sentencias. Ese es el problema. Cuando un senador del PP atacó al juez De Prada acusándole de lawfare por la Gürtel, el magistrado pidió amparo al CGPJ y se lo denegaron. En cambio, este organismo no dudó en salir en tromba contra los reproches que hicieron algunos políticos de izquierdas contra ciertos jueces. Hace años coincidieron en el tiempo la muerte de un torero y la de un preso de ETA y a continuación se vertieron en las redes mofas por ambas muertes. Cuando el juez vio las denuncias contra los que celebraron la muerte del etarra, dijo que era libertad de expresión. En cambio, los que se alegraron de la muerte del torero recibieron sentencias condenatorias. No puede ser que los únicos condenados por delitos relacionados con la libertad de expresión en este país sean tuiteros o raperos de izquierdas, nunca de derechas, pero es lo que pasa.

Sin embargo, la mayor queja que llega ahora mismo desde la judicatura es que ven amenazada a su independencia.

Y tienen razón, pero la mayor amenaza contra la independencia judicial proviene de los jueces que se han echado en brazos de ciertos partidos con los que se muestran públicamente en sintonía. Si se sienten atacados, deben defenderse, pero esa causa común que han hecho con la derecha lanza un mensaje muy peligroso, porque muchos españoles pueden acabar sintiendo que la justicia no va con ellos, y eso es letal para el sistema democrático. Cuando un juez sale a agradecer públicamente que Feijóo, Abascal o Ayuso los defiendan, está trabajando para acabar siendo únicamente el juez de media España y no de la otra mitad. Y esto lo pagaremos como sociedad.

Dice que la falta de imparcialidad de los jueces no es de ahora. ¿Dónde arranca este problema?

El problema es que a los jueces no se les ha enseñado a ser imparciales, y esto tiene mucho que ver con el sistema de ingreso en la carrera judicial, donde solo se les exige que sepan cantar bien los 300 temas de las oposiciones, un modelo anacrónico que no sigue nadie en Europa. En Alemania, han de ejercer tres años como abogados, lo que les da experiencia en los tribunales; en Francia, las pruebas son casos prácticos; en Holanda, miden su capacidad para resolver conflictos. Aquí nadie examina su empatía social ni su capacidad para solucionar enfrentamientos, que es como se ejercita la imparcialidad.

Nadie se atrevió a cuestionar ese modelo.

Por eso estamos como estamos. El actual sistema de acceso lo estableció Primo de Rivera en la dictadura, y ese perfil de juez conservador que ejerce de referente moral perdura hasta hoy y ha influido mucho en nuestra historia. No en vano, la judicatura fue uno de los estamentos que más combatió los avances sociales que quiso poner en marcha la República. Por eso, Franco solo depuró a tres jueces cuando llegó al poder, a frente a los miles de maestros, policías y militares republicanos que se cargó. No tenía motivo, comulgaban con sus ideas.

El actual sistema de acceso lo estableció Primo de Rivera en la dictadura, y ese perfil de juez conservador que ejerce de referente moral perdura hasta hoy y ha influido mucho en nuestra historia.

Pero llevamos más de 40 años en democracia.

En la Transición, el PSOE intentó democratizar la judicatura jubilando a muchos jueces veteranos, pero no cambió el sistema de acceso, que es el que crea un cuello de botella y hace posible que hoy los jueces sigan formando una casta conservadora que vive al margen de la sociedad. Los que entran nuevos, son discípulos de los veteranos, que a menudo son sus preparadores. Por eso, hasta que no se cambie el sistema de acceso a la judicatura, seguiremos con este problema. Cuando se dice que los jueces españoles son franquistas o que tiene tics del anterior régimen, no se dice la verdad. Los jueces españoles no son franquistas, pero sí son una casta conservadora que tiene una manifiesta resistencia al cambio social. El país ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ellos, no tanto. 

¿Los jueces deberían elegir a los miembros del gobierno de los jueces?

Esa frase ha triunfado porque suena bien. Si el Consejo General del Poder Judicial se dedicara a gestionar únicamente el estatuto de los jueces, no habría problema. Sería como decir: que al delegado de clase lo elijan los estudiantes. Pero es que CGPJ participa en decisiones que tienen que ver con el modelo de justicia, que es algo que afecta a toda la sociedad . Si es así, la voz de la sociedad debe oírse, y esta solo puede oírse a través de los partidos políticos democráticamente elegidos.

¿Qué recorrido augura a la aplicación de la ley de amnistía?

Después de ver a centenares de jueces manifestándose contra la ley vestidos con sus togas delante de los juzgados, como ciudadano albergo serias dudas de que la vayan a aplicar con imparcialidad. Auguro un boicot por parte de esos jueces. No tengo datos, solo sospechas, y esto es lo dramático, que hemos dado por bueno que podamos saber de antemano la postura que los jueces tendrán a la hora de aplicar una ley que están obligados a aplicar, les guste o no.