Sánchez busca reimpulsar la legislatura tras “resistir” al plebiscito de Feijóo: “Toca volver a la normalidad”

El semestre electoral ha llevado al Gobierno a ir posponiendo negociaciones clave de la legislatura y tras los resultados de las europeas Pedro Sánchez quiere pisar el acelerador para recuperar el tiempo perdido. Los socialistas se ven legitimados por haber resistido al plebiscito planteado por Alberto Núñez Feijóo y pretenden cimentar cuanto antes los pilares para estabilizar la legislatura. "Ahora se abre un tiempo en el que toca volver a la normalidad y a que este gobierno siga legislando", concluía la portavoz de los socialistas, Esther Peña, tras la reunión de la ejecutiva socialista celebrada este lunes.

No todo está en su mano para poner en marcha esta hoja de ruta. De la gobernabilidad en Cataluña dependen los tiempos para retomar con garantías la negociación de los Presupuestos con las formaciones independentistas. El pacto entre los independentistas para dar la presidencia de la Mesa del Parlament a Junts no facilita las cosas. Aunque en Ferraz se siguen mostrando confiados en que Salvador Illa será investido con los apoyos de ERC, asumen que se agotarán los plazos hasta finales de agosto.

Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar tras el varapalo de las europeas pero se mantiene en el Gobierno

La dimisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como líder de Sumar genera menos incertidumbre, pues seguirá siendo el referente para negociar las medidas de la coalición. Así se lo trasladó Díaz a Sánchez antes de hacer pública su dimisión. Pese al mensaje tranquilizador de garantizar la estabilidad, en Ferraz no se esconde el temor a que sus malos resultados y su competición con Podemos lleve a Sumar a endurecer sus posiciones para marcar perfil propio. Antes de su anuncio, en la sede federal del PSOE ya enviaban el recado a Sumar de que “miren con claridad de frente y los retos tenemos por delante”. Desde la "seriedad y el rigor", insistía Peña, tras enturbiarse las relaciones en las últimas semanas, incluyendo la inédita decisión de Sumar de oponerse en el Congreso a la reforma de la ley del suelo pese a haber pasado antes por el Consejo de Ministros.

Al margen de las dificultades dentro y fuera del Gobierno que no han aplacado los resultados de las europeas, el Gobierno quiere acelerar las carpetas pendientes para dar sensación de normalidad. Antes de verano se pretenden colocar los primeros hitos de las cuentas públicas, con un proyecto que deberán acordar primero los socios de coalición, pero también negociar con los grupos de investidura un paquete de medidas de lo que Pedro Sánchez dominó “regeneración democrática”.

Para afianzar las relaciones con Sumar está comprometida una reunión del pacto de seguimiento de la coalición durante este mes. La intención pasa por sentar las prioridades para las próximas cuentas públicas o el plan de regeneración democrática que, entre otros asuntos, incluye la “democratización de la justicia”. Sobre esto último, desde Sumar se presiona para una reforma en la ley del poder judicial que fuerce la renovación del CGPJ sin el PP. Una medida que Díaz no mencionó entre las prioridades del Gobierno sobre las que pondrá el foco: rebaja de los precios del alquiler; reducción de la jornada laboral; ampliación de los permisos retribuidos; reforma fiscal y freno al "genocidio" en Palestina.

Para el desbloqueo del CGPJ, fuentes de Moncloa estiran el plazo límite para llegar a un acuerdo con los populares hasta el mes de septiembre. Al mismo tiempo deslizan la intención de incluir en la misma mesa de negociación la renovación del cargo del gobernador del Banco de España. Su mandato de seis años concluyó este lunes, precisamente. Las mismas fuentes no son optimistas sobre un acuerdo, pero aseguran que se darán una oportunidad hasta “después del verano”. “Creemos que seguirán igual”, explican respecto a la posición de los populares, aduciendo que a día de hoy “no hay ningún síntoma de que vayan a desbloquear”.

Otra de las carpetas fundamentales será la de los Presupuestos. Tras prorrogar los de 2023 por las dificultades para llegar a acuerdos con los independentistas en el contexto electoral de las catalanas, el Gobierno necesita unas primeras cuentas públicas para estabilizar la legislatura. Con muchos de los grupos parlamentarios ya se habían avanzado negociaciones y se quiere aprovechar el camino andado para acelerar los acuerdos.

Más allá de que no formen parte del futuro Govern ni Junts ni ERC, los negociadores del Gobierno entienden que los independentistas siguen teniendo en interés en capitalizar acuerdos. Desde temas relacionados con la fiscalidad hasta el traspaso de competencias en materia de inmigración, ya acordado con Junts y pendiente de materializarse. En el Gobierno apuestan por avanzar en las conversaciones para explorar el apoyo a los Presupuestos sobre lo que, según aseguran, “nunca nos han dicho que no”.

'Golden visa'

Después de los últimos varapalos en el Congreso en la ley contra el proxenetismo y la reforma de la ley del suelo, en las que los socialistas se quedaron solos, se buscan fórmulas para encajar algunas de las medidas que se iban a desarrollar en estos textos. Este el caso de la derogación de las 'golden visa', los visados a extranjeros que inviertan en inmuebles más de medio millón de euros.

Se trata de un compromiso anunciado por Pedro Sánchez el pasado mes de abril y que pretendía implantarse a través de una enmienda a la modificación de la ley del suelo. Después de optarse por retirar esta reforma, ante la falta de apoyos, fuentes del ministerio de Vivienda avanzan que se están analizando las diferentes opciones para sacar adelante esta iniciativa.

Conferencia de Presidentes

En materia de vivienda existe también la prioridad de avanzar en una regulación de los pisos turísticos y alquileres vacacionales. La negociación a este respecto se realizará principalmente con las comunidades autónomas y municipios por su marco competencial. Más allá de las conferencias sectoriales, antes de verano está previsto convocar una Conferencia de Presidentes, para la que se baraja como sede Santander.

Los presidentes autonómicos del PP llevan meses reclamando una reunión de este foro multilateral, sobre el que el Ejecutivo insiste en su carácter propositivo y en limar un orden del día en este sentido. El Gobierno quiere acelerar tras las europeas la presentación de la proposición de ley para el reparto de migrantes menores a través de una reforma en la ley de extranjería. Un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de canarias y para el que el Gobierno central busca asegurarse el apoyo del PP para evitar un boicot de las comunidades gobernadas por el PP en coalición con Vox en forma de recursos al Tribunal Constitucional.

Sin perder de vista la gobernabilidad en Cataluña, con el fantasma de la repetición electoral siempre presente, y sus posibles efectos en la estabilidad de la legislatura, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa y asentar las bases para lo que queda de legislatura. Con un horizonte despejado de citas electorales hasta 2026, Sánchez quiere recuperar el tiempo perdido.